Mientras se multiplican en Perú las denuncias de injerencia de Evo Morales en los asuntos internos de ese país, la sombra del ex presidente boliviano parece llegar a Jujuy, donde habría enviado decenas de ómnibus cargados de cocaleros y activistas del altiplano que responden a su liderazgo, para se sumen a las manifestaciones contra el gobernador jujeño.
En el sureño departamento peruano de Puno se han detectado hace tiempo los contactos que Evo Morales mantiene con agrupaciones de base que son afines al MAS, su partido en Bolivia. Las alarmas del Perú se encendieron cuando allanamientos contra organizaciones violentas encontraron fusiles y otros armamentos que pertenecen al ejército boliviano.
La injerencia del líder cocalero en el sur del Perú se hizo abierta y visible durante las multitudinarias protestas contra Dina Boluarte, la presidenta de dudosa legitimidad que llegó al cargo por la destitución de Pedro Castillo y respondió con ferocidad represiva a las manifestaciones que reclamaban su renuncia.
Las muertes que dejó la represión ordenada para mantenerla en la presidencia, hizo menos controversial la abierta injerencia de Evo Morales reclamando la caída de Dina Boluarte y alentando las manifestaciones en su contra. Pero detrás de sus embestidas contra la cuestionable presidenta peruana, está el activismo apuntado a generar en Puno una rebelión separatista para que ese departamento del sureste peruano termine uniéndose a Bolivia.
La producción cocalera (y posiblemente también la elaboración de cocaína) serían el corazón del proyecto geopolítico del ex presidente boliviano.
El factor étnico es uno de los instrumentos que maneja Evo Morales para su accionar político más allá de las fronteras de Bolivia. Ese factor no sólo le abre canales de entendimiento con las comunidades aimaras de Puno y otros rincones del sur peruano. También facilita el envío a Jujuy de refuerzos capacitados en batallas campales con la policía.
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Las guerras de piedras son una suerte de especialidad en el Altiplano. La llamada Guerra del Gas, que derribó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada en el año 2003, fue una muestra de la poder desestabilizador que tienen esas “intifadas”, aunque lo que determinó la caída de aquel presidente fueron los setenta muertos que causó la brutal represión policial.
La llegada de manifestantes bolivianos enviados por Evo Morales a las protestas de Jujuy, refuerzan la teoría de que ciertos activistas y las organizaciones que están detrás del estallido social, buscan que la respuesta policial provoque muertes, para que cobre fuerza el reclamo de que renuncie el gobernador radical de esa provincia.
La motivación de esta injerencia del líder izquierdista boliviano no tiene que ver con su presunto proyecto geopolítico, sino con su certeza de que Gerardo Morales apoyó desde Jujuy las violentas protestas que lo derribaron en el 2019. Evo nunca presentó pruebas ni explicó de qué modo el gobernador de Jujuy habría colaborado con aquellas manifestaciones, que habían estallado tras el proceso electoral en el que el oficialismo fue acusado de fraude.
Tras su renuncia como presidente, Evo Morales pudo salir de Bolivia en alguna medida gracias a gestiones que realizó Alberto Fernández, quien posteriormente le dio asilo en Argentina.
El agradecimiento al presidente argentino y su buena sintonía política con la vicepresidenta Cristina Kirchner serían la otra razón del desembarco de activistas bolivianos.
Si el gobierno nacional actuó para que aparatos izquierdistas movilizaran contingentes a la provincia norteña para embestir contra el gobernador y posible próximo vicepresidente argentino, también puede haber actuado para que el híper-activo líder cocalero aportara lo suyo a la asonada para derribar el gobierno jujeño.
