La foto de la pobreza a junio del 2022 es vieja. El Indec informó que el 36,5% de los argentinos no tenía ingresos suficientes para vivir dignamente, pero refleja un semestre que acumulaba una inflación del 36,2%, a un promedio del 5% mensual. Hoy cabalga al 7% por mes y va subiendo. No tiene en cuenta lo que pasó luego de la salida de Martín Guzmán, con la escalada de los dólares libres y el informal, que tuvo impacto en los precios de manera directa. Los cartelitos de “todo tiene un aumento del 20%” desaparecieron de las vidrieras del comercio, pero la mercadería quedó con el 20% remarcado.
La política ensaya lo de siempre: ayudas intermitentes, asistencialismo intermediado por organizaciones piqueteras, promesas de planes sobre planes, servicios baratos en los cordones con alta densidad de votantes y, sobre todo, la búsqueda de un culpable responsable de todos los males que la política viene a subsanar.
Por Twitter o en televisión, todos se rasgan las vestiduras y se escandalizan por una cifra que les es absolutamente funcional. Cristina Fernández es la síntesis de todo eso: por Twitter le marcó la cancha al ministro Sergio Massa, ya que si bien le reconoció que trabajó “duro” en los temas de su competencia, consideró que es “necesaria una política de intervención más precisa y efectiva”, ya que por el aumento de los alimentos la indigencia pasó del 8,2 al 8,8%. Pidió ”diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Agregó además que estamos ante un fenómeno de “inflación por oferta”, dado que las alimenticias han aumentado “muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”.
Les encanta controlar o amenazar con controles, pero hay que recordarle a la vicepresidenta que todas las herramientas de vigilancia (con mayor o menor grado de extorsión) ya fueron desplegadas en los últimos 15 años, sin eficacia alguna para combatir la inflación y por ende, la pobreza. Son prácticas que solo se enuncian para justificar enormes burocracias estatales, que dan espacio a prácticas corruptas a la hora, por ejemplo, de aplicar (o no) una multa o de autorizar (o no) un permiso para importar mercadería.
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Lo mismo vale con la estrategia de buscar culpables. Son siempre los mismos para el universo kirchnerista: los medios, la Justicia o las empresas, según la causa que se trate. Esto de construir un enemigo y tejer un relato en su contra aburre, corre de eje la discusión y sobre todo, es absolutamente ineficaz. Sin empresas rentables no habrá forma de sostener vivo un sector privado que aporta los impuestos que sostienen al Estado. ¿Son “demasiado” rentables? ¿Quién lo dice, cuál es el parámetro, qué es demasiado? ¿Cómo podría suceder eso con ventas en caída? ¿No tiene nada que ver la política monetaria y fiscal en ese diagnóstico?
Pero lo más nocivo del tuit de Cristina es su sugerencia de solución: un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria. Eso ni siquiera es un IFE, que es esporádico: está reclamando un salario básico universal. Quizá acotado para el segmento de indigencia, por ahora, pero cuando se empieza por lo menos después se va por lo más. Hay un proyecto de la senadora Juliana Di Tulio en ese sentido. Cristina ve una oportunidad política en su reclamo, a las puertas de un calendario electoral y con miles de personas montando carpas en las avenidas más urbanas del país. Es una mojada de oreja a Massa, que acaba de prometer más ajuste fiscal para el 2022; es una movida de supervivencia política, pero sobre todas las cosas, es más de lo mismo de una receta que no sirve. No hay país en el mundo que sea hoy más pobre que hace 25 años. Un cuarto de siglo para retroceder es imperdonable, y eso en el fondo es lo que acaba de proponer Cristina.
