La intervención del sindicato de los recolectores es un capítulo más del largo e inconcluso proceso de desarticulación del gremio que se adueñó de una buena porción del presupuesto municipal, al tiempo que Córdoba se sumergía en un alarmante atraso en el rubro la basura.
El momento decisivo de este proceso ocurrió, sorpresivamente, a fines de agosto del año pasado, cuando se ejecutaron los allanamientos simultáneos en las sedes de las instituciones ligadadas al Surbacc y en las casas de sus históricos líderes.
Las impactantes imágenes de sus autos de alta gama y las fortunas en efectivo y joyas, entre otros ingredientes, le dieron al caso trascendencia nacional. A partir de entonces, una seguidilla de resoluciones judiciales fue limitando cada vez más los márgenes de acción, y de recaudación del Surrbac.
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Con la mutual intervenida, y sin poder seguir haciendo los descuentos por las planillas de sueldos, el emporio edificado por las familias Saillén y Catrambone pareció en jaque. Situación que se refuerza ahora con la decisión de la administración que encabeza Alberto Fernández de avanzar con la intervención del gremio pedida en noviembre pasado por el juez federal Ricardo Bustos Fierro.
Nada definitivo
De cualquier manera, el jaque actual no cierra definitivamente la partida. El Surrbac conserva fuerza política dominando buena parte del plantel de organismos y empresas relacionadas con la basura, superpoblados en los últimos once años con familiares, amigos y militantes con altos sueldos.
Y hay una red de empresas montada con los fondos presuntamente desviados en todos estos años que no ha sido desarticulada.
La depuración en el rubro basura aun no se completó. Está por verse si la intervención del sindicato ayuda o no a que Córdoba supere su descomunal atraso en el servicio de basura, rubro al que los vecinos destinamos unos 600 millones de pesos por mes a valores actuales.
