Mediodía del viernes. Cementerio parque en la ruta a Carlos Paz. El cajón con los restos de Milagros va a ser enterrado. El silencio es total. Mercedes está en el momento más horrendo que pueda atravesar un ser humano: sepultando a una hija. Es tan respetuosa que hasta pide permiso para hablar. En ese momento en el cual debe ser la dueña de lo casi nada que le queda, pide permiso.
Y habla. Y empieza preguntando si entre esa gente que la acompañaba para enterrar a su hija asesinada había alguien del Polo de la Mujer. Preguntó si la jueza Mariana Wallace estaba allí o si alguien de la Justicia había enviado alguna manifestación de pésame.
El silencio sigue siendo absoluto. Y antes de que la tierra empezara a quedar sobre el féretro, Mercedes recuerda que esos organismos del Gobierno y la Justicia provincial son los responsables de que la joven Milagros ya no esté con vida.
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El jueves, en Telenoche, Mercedes Martínez había conmovido a Córdoba cuando arrancó diciendo: “Nadie nos amparó, el Polo de la Mujer no me sirvió para nada, la Policía nunca me escuchó. Ni la Policía, ni el Polo de la Mujer, ni la Justicia me apoyaron”.
Ya otra de sus hijas, Florencia, y sus familiares habían revelado cómo todas las advertencias que hicieron en diversas instancias fueron desoídas.
“Si hubieran actuado, esto se podría haber evitado”, afirmó Mercedes. Y eso que se podría haber evitado es una muerte.
Replanteos
La muerte de Milagros obliga a profundos replanteos de cómo actúa la Justicia y el resto de los organismos del Estado no sólo en esta cuestión clave y central de los femicidios sino también en otro tipo de delitos.
La salvedad de que no se podrá erradicar la violencia machista sólo con el accionar de los organismos estatales ni la aplicación de normas y procedimientos es tan válida como obvia. Pero lo que estamos discutiendo en este caso es justamente cómo se aplicaron esos procedimientos. Mejor dicho, como no se aplicaron y le permitieron a un violento asesino cometer un crimen que se podría haber evitado.
Mercedes expuso su calvario ante el Polo de la Mujer e hizo cinco presentaciones ante una unidad judicial. Su hija Milagros realizó otras denuncias. Vecinos de Alta Córdoba hicieron al menos otra denuncia contra Ricardo Bottone.
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La Fiscalía General de la Provincia se aferró en decir que era sólo tres denuncias. Como si la cuestión cuantitativa se tratase del tema central.
La fiscal adjunta Betina Croppi fue más allá y sostuvo que de la primera presentación no surgía la figura de un delito.
La jueza de Niñez, Adolescencia y Violencia de género, Mariana Wallace, también se aferró a ese número de tres denuncias previas y hasta llegó a decir que “se tomaron todos los recaudos”.
La Fiscalía General y la Justicia de Córdoba están teniendo severos problemas con la sistematización de las denuncias, al no lograr identificar las que están relacionadas con una misma persona o hechos similares. Eso se ve en varias tipologías penales.
Pero Mercedes fue más allá de esa nueva trampa que le quisieron tender desde las cómodas oficinas del Palacio de Tribunales al correr la estéril discusión cuantitativa y enfocó la cuestión de fondo. Dijo que ni el Polo de la Mujer ni en el Juzgado especializado están en condiciones de discernir cuando en una denuncia hay riesgos concretos para la integridad y la vida de los denunciantes.
Y cómo será que no logran discernir que aún ocurridos los hechos, la fiscal adjunta (una de las segundas del jefe de los fiscales) Croppi insistió en que no estaban dadas las condiciones para la detención de Bottone y que si detenían a todos los denunciados no iban a tener lugar en las cárceles.
Lo denunciaron en reiteradas ocasiones, violó varias veces la perimetral con activación del botón antipánico incluido, le incautaron armas, amenazó con incendiar otras propiedades de sus víctimas pero no había motivos para detenerlo.
Recién después de que Milagros fuera asesinada y con toda la familia describiendo los largos años de terror que pasaron, los funcionarios judiciales advirtieron que tal vez le tendrían que haber puesto una tobillera para detectar sus movimientos.
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Fue tal la inacción del Estado que Bottone siguió siendo titular de licencias municipales de taxi con semejantes antecedentes.
Un Estado con funcionarios que siguieron mirando para otro lado. Por caso, la jueza Wallace llegó a decir en Cadena 3 que la familia estaba dividida porque una de las hijas apoyaba al violento padre.
Desde el Ministerio de la Mujer no hubo respuestas. Lo mismo, a la misma hora en que la familia denunciaba el accionar del organismo, la ministra Claudia Martínez encabezaba un acto de campaña como segunda candidata a legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba.
“El Polo de la Mujer sólo me ofreció el féretro para mi hija”, dijo Mercedes a Telenoche.
Lo único que le puede dar algo de sentido al sinsentido de ese femicidio es que la muerte de Milagros sea una bisagra. Y no un caso más para esos funcionarios de sillones altos y aferrados a números dudosos.
