“De punta a punta, todo el pueblo sabía del caso y de lo que estaba pasando”, reconoció en las últimas horas una tía de Aralí Vivas, la nena de 8 años que fue asesinada el pasado fin de semana en Brinkmann, en el noreste cordobés.
La frase se suma a una ola de denuncias de familiares y vecinos de la ciudad que dan cuenta de las fallas del sistema que llevaron a la muerte a la pequeña Aralí.
Por el crimen hay tres detenidos: la madre de la niña, Rocío Rauch (28), el padrastro, Ezequiel Simeone (33), y un amigo de él, Cristian Hernán Varela (40). Más allá de las aprehensiones, la localidad entera viene reclamando desde el domingo que se investigue la responsabilidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
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En la conferencia de prensa de este martes, el fiscal Oscar Gieco puso el foco varias veces en el “complicado contexto familiar” en el que vivía Aralí junto a sus hermanitos. “El ambiente era de extrema violencia, era un cuadro no apto para niños”, indicó.
Y agregó en esa línea: “Los menores no estaban bien cuidados, eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumían drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos”. El propio fiscal dijo que los pequeños “estaban a la buena de Dios”.
Las declaraciones de Gieco coinciden con las de personas cercanas a Rauch. Una tía de Aralí, por ejemplo, relató que la madre “no estaba en condiciones” de cuidar a menores por su adicción a las drogas y afirmó que las autoridades “nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”. En la marcha del domingo, los vecinos de Brinkmann hicieron énfasis en las omisiones de distintos niveles del Estado.
Investigación interna en medio de los reclamos
Desde la Senaf aún no brindaron respuestas sobre las responsabilidades luego del espantoso crimen de Aralí. Solo se conoció que la titular, Julia Reartes, ordenó una investigación interna para establecer si fue correcta o no la actuación de los empleados del organismo con respecto a la situación familiar en esa casa de Brinkmann.
La Justicia estaba al tanto del entorno. La madre de la nena asesinada es adicta y poco estaba en la vivienda. Su pareja, Simeone, tiene prontuario por violencia de género, amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño, y desobediencia a una orden judicial.
“En octubre pasado, esa vivienda fue allanada, se encontró a un prófugo de la Justicia por violencia familiar y se secuestró un arma de fuego. El lugar no era el adecuado para los menores”, expresó Gieco sobre otro episodio de alerta. Uno más de la larga lista.
El fiscal, a su vez, indicó a Cadena 3 que a principios de julio la Senaf solicitó al juzgado de familia de Morteros que todos los hermanitos estaban listos para ser reinsertados a la vivienda del horror.
Vale aclarar que Aralí no estuvo involucrada en esta intervención del organismo, pero sí sus hermanos menores que se encontraban en la casa cuando Simeone y el amigo la mataron el viernes pasado a la noche.
Así, los tres niños se instalaron en la casa que compartían Rauch y su novio. Para la Senaf, la revinculación familiar estaba en orden porque la mujer había superado sus problemas de adicciones y Simeone había completado un tratamiento psicológico.
Antes de eso, Aralí y su hermanito se encontraban a cargo de la familia del papá biológico que, según detalló la Justicia, por cuestiones laborales no estaba siempre en Brinkmann sino viajando a distintas ciudades. Sobre el motivo por el que ambos regresaron con Rauch y Simeone, manifestaron que “pudo haber sido un acuerdo”.
Mientras “todos sabían lo que pasaba”, la Senaf todavía no se pronunció al respecto de manera pública y esperará este llamado sumario interno para determinar responsabilidades dentro del organismo dependiente de la Provincia.
